GESTIÓN INTERESADA

 

Gestión Interesada. No traslada titularidad del servicio

Confrontada la gestión interesada con las limitantes señaladas en el artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política, determinamos que no conlleva enajenación, arrendamiento, ni gravamen, luego se ajusta a lo dispuesto en el texto constitucional, manteniendo el Estado el control respectivo. En conclusión y con fundamento en lo anterior, es nuestro criterio que el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no compromete la competencia constitucional de esa Asamblea Legislativa, en punto a la aprobación de los contratos administrativos,  por cuanto el contrato en cuestión no afecta las facultades de imperio reservadas a la Administración para la prestación del servicio aeronáutico, ni traslada la titularidad de ese servicio al gestor público, quien técnicamente constituye un colaborador de la Administración. Oficio 14593 del 20 de diciembre de 1999 (DAGJ-614-99).

 

Gestión Interesada. Tiene como ley marco la Ley de Contratación Administrativa. 

En el caso de la “gestión interesada”  y en un amplio análisis,  señalamos que  la Ley de Contratación Administrativa es una ley marco, que regula el procedimiento a seguir (licitación pública) y la posibilidad de utilizar otros tipos contractuales, de donde, en paridad de razón, debemos entonces concluir que el control legislativo previsto en el artículo 140 inciso 19) ya fue satisfecho. Aquí no sólo se regula el procedimiento de contratación en sí, sino que la prestación de servicios aeronáuticos se encuentra también normada por ley (Ley General de Aviación Civil) aspecto que sin lugar a duda refuerza el control parlamentario. Oficio 14593 del 20 de diciembre de 1999 (DAGJ-614-99).

 

Gestión interesada. Concepto.

La gestión interesada es una modalidad contractual,  a través de la cual la Administración Pública explota los servicios y construye las obras necesarias, sirviéndose de un gestor, a quien se retribuye con una participación en los ingresos. Además, quien responde ante el usuario es la Administración, como titular del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el gestor. Oficio 14593 del 20 de diciembre de 1999 (DAGJ-614-99).