SISTEMA DE EVALUACIÓN

 

Sistema de evaluación. Factor precio no se le dio la trascendencia requerida.

Los factores que están sujetos a evaluación, son los que agregan calidad o hacen más económica la solución para la Administración.  Por esa razón el precio, en un concurso que por su naturaleza misma comporta una competencia de precios, no puede ser un factor secundario como parece entenderlo la administración de Correos de Costa Rica, por cuanto, de acuerdo con los factores que se ha servido considerar, no ha conferido al precio un factor de incidencia tal de acuerdo con su trascendencia en el negocio específico. RSL 307-99 de las 11:00 horas del 23 de julio de 1999.

 

Sistema de evaluación. Incumplimiento de aspectos ponderables no descalifican oferta.

Extrañan a este Despacho los argumentos planteados por la adjudicataria para tratar de restarle legitimación a la recurrente, pues la misma empresa ganadora admite que en dos de los vicios mencionados –metodología de trabajo escueta y no presentación de la constitución de brigada- la Administración ya castigó a la apelante con el rebajo de puntos, o con el no otorgamiento de estos. Por lo tanto, pretender que por algo que ya ha sido sancionado por la Administración, también se le imponga otra sanción a la recurrente –como sería el considerar que por estos vicios carece de legitimación- sería una consideración completamente desproporcionada. R-DAGJ 126-99 de las 10:00 horas del 29 de noviembre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Mejoras tecnológicas.

En relación con este extremo (mejoras tecnológicas) hemos podido verificar que en el pliego se hace una reseña de las mejoras evaluables (ocho en total), a saber: 1) desempeño analítico del equipo, 2) metodología, 3) velocidad de rutina, 4) velocidad de urgente, 5) mejoras en el hardware,  6) mejoras en el software de los equipos, 7) calibración y 8) control de calidad,  y se establece una fórmula para la asignación de puntaje por el concepto en cuestión (hecho probado 6).   Visto el contenido de la cláusula, se evidencia que la misma sí definía las materias sobre las cuales los oferentes podrían ofrecer mejoras tecnológicas, quedando abierta la posibilidad en cuanto al número de ellas que podrían ser ofrecidas por cada oferente.  Determinado el participante con la mayor cantidad de mejoras, la cláusula cartelaria establecía el mecanismo de distribución porcentual de la calificación, bajo la fórmula de quince puntos a quien hubiere cotizado el número más alto de mejoras y a los demás, en forma proporcional de acuerdo a sus propias mejoras ofertadas.  Dicho procedimiento coincide plenamente con el razonamiento utilizado por la C.C.S.S. para la evaluación de este aparte del cartel, toda vez que si bien en el informe de adjudicación se califican quince aspectos, ello obedece a una desagregación de los ocho que contempla el pliego de condiciones, lo cual no se enuncia como un procedimiento indebido o que haya generado algún tipo de privilegio para alguna de las partes.  En otro orden, en cuanto a las mejoras consideradas o no consideradas a criterio de la C.C.S.S., procede señalar que la apelante no ha aportado prueba alguna que sustente en debida forma su dicho, en cuanto a cuales aspectos que le dejaron de ponderar debían de ser valorados, o, lo que es lo mismo, cuales de las mejoras consideradas a LATINEX INC. lo fueron en indebida forma.  Así las cosas, no se estima que en el especie estemos ante un caso en el que se hayan dados incorrecciones en la valoración de la cláusula relativa a las mejoras tecnológicas del equipo, motivo por el cual se concluye que el puntaje en cuanto a este rubro estuvo correctamente asignado.  Especial comentario reviste el punto relativo a la denominada velocidad en equipo de emergencia, por cuyo concepto, se le asigna un punto tanto  a la firma adjudicataria como a la firma recurrente, por lo que si bien tal aspecto no era susceptible de calificación, se evidencia un trato equitativo incapaz de alterar en cuanto a este aspecto, el orden de asignación del puntaje. R-DAGJ-37-99 de las 15:00 horas del 21 de octubre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Factor preponderante es el precio.

Conforme a nuestra jurisprudencia reiterada, el precio debe constituir el factor de mayor preponderancia, en razón de la situación de escasez de recursos presupuestarios que aqueja a la mayor parte de entidades públicas de nuestro país, así como de la naturaleza misma de la licitación, que debe fomentar la más amplia competencia de precios, dentro de artículos de similar calidad. RSL 349-99 de las 9:00 horas del 18 de agosto de 1999.

 

Sistema de evaluación. Ausencia de método.

[...] la falta de un método que permita determinar en forma objetiva cuál es la mejor oferta, requisito indispensable en todo procedimiento de contratación (artículo 45.1.10 del Reglamento General de Contratación Administrativa), es un vicio grave que, alegado por la parte interesada, justifica plenamente, incluso, que se declare la nulidad absoluta del procedimiento de que se trate. Para que una Administración pueda valorar y comparar todas las ofertas que se presenten al concurso, es requisito indispensable que el cartel cuente con un método razonable a efecto de poder determinar la mejor oferta; no basta contar con un sistema de calificación si el mismo no puede ser aplicado. RSL 392-99 de las  12:00  del 8  de setiembre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Criterio de evaluación al precio.

Referente a los criterios de evaluación tenemos: a) Si bien es cierto al factor precio se le asigna únicamente un 30 % de la valoración, no se está lesionando la jurisprudencia de este Organo Contralor toda vez que según la escala estipulada para la valoración de las ofertas el precio sí constituye el criterio preponderante ya que constituye el valor porcentual más alto de los criterios a evaluar.  No obstante, conviene recordar a la Administración licitante que, en razón del carácter público de los fondos que sus funcionarios manejan, y de la más sana administración que ellos deben asegurar, el precio debe constituir un factor con un grado tal de incidencia, que conjuntamente con aspectos cualitativos permita hacer realidad la posición de este Organo Contralor, según la cual la licitación debe servir para la adquisición de productos de la más alta calidad, al menor precio. b) La Administración ha establecido en la tabla de ponderación un 10% para la cilindrada y un 10% para la potencia, es lo cierto que tales características inciden directamente en la capacidad de un vehículo y que inciden directamente sobre su precio, toda vez que a mayor potencia y cilindrada mayor será la capacidad y el precio del automotor, de tal forma que sí es un aspecto que puede ser tomado en consideración en la valoración de las ofertas, además de que, en relación con el punto anterior, está coadyuvando a que el precio sea el elemento predominante para la valoración de ofertas. Por otra parte, no se demuestra por parte de la firma objetante que el sistema de calificación propuesto en cuanto a este aspecto conceda o reste ventaja a alguna empresa determinada. Tampoco podría entenderse que esos aspectos sean parte de las condiciones invariables del cartel, tal como pretende la objetante, pues tal como lo ha señalado y demostrado la propia empresa DISEXPORT INTERNACIONAL S.A. los distintos vehículos en el mercado ofrecen diferentes cilindradas y potencias, por lo que establecerlo como requisito técnico a cumplir por el oferente limitaría la participación de proveedores de automóviles interesados en ofertar.   Por el contrario, tal como ha quedado señalado, la entidad licitante estableció un rango amplio de cilindrada y de potencia para garantizar la participación en el concurso de la mayoría de los proveedores de autos, y no sería correcto valorar a los vehículos solo por precio y restringir a la Administración la posibilidad de ponderar su potencia y cilindrada, ya que es de todos conocido que un vehículo con mayor potencia y cilindrada es mejor que uno de menos, por lo que, en cuanto a este extremo, se declara sin lugar la objeción. c) En la evaluación del mantenimiento, se objetó la ponderación que se hace por la cantidad de personal técnico y/o profesional de planta, lo cual según aclaró la Administración pretende corroborar que la empresa cuente con capacidad para atender el mantenimiento de los vehículos en forma rápida y oportuna cuando se requiera.  Al respecto estima este Despacho que ello es conveniente para el interés público, pues con ello se está garantizando, con cierto grado de seguridad, que se les va a dar a los vehículos que se adquieran el debido mantenimiento en forma rápida y por personal con experiencia. A ese factor se le está confiriendo un 5% de la ponderación total, por lo que ello no se estima que lesione la participación de las empresas pequeñas. En cuanto al alegato de la objetante de que con este porcentaje se beneficia “a las empresas que tengan una mayor cantidad de vehículos circulando, discriminando en consecuencia en contra de las empresas que tengan menos años de representación de una marca y por consiguiente menos vehículos en circulación”, ello podría en alguna medida ser cierto pero no propone el objetante un factor de valoración que corrija el establecido en el cartel, que le garantice a la Administración valorar con seguridad el mantenimiento oportuno y a la vez que logre determinar la cantidad de vehículos que atiende el taller de la empresa para ver si con poco personal puede garantizar tal aspecto, en consecuencia se declara sin lugar la objeción presentada en cuanto al punto. En relación con las referencias escritas recientes de clientes, sobre la calidad del servicio de mantenimiento, el cartel solicita que deben de ser de clientes “de conocida trayectoria nacional con una flotilla como mínima (sic) de diez carros”.  Esto presenta una confusión pues puede ser que el cliente tenga más de diez vehículos, pero solo uno de los vehículos del oferente, por lo que el Registro Nacional deberá en primera instancia aclarar que la referencia lo es en relación con los vehículos de un distribuidor determinado, y, en este caso, estima este Despacho que el número de diez unidades es elevado y que bastaría con un número menor de automóviles comprados al oferente para satisfacer lo que la Administración desea valorar, por lo que se solicita a la entidad licitante modificar el cartel en lo pertinente. d) En cuanto a la valoración que pretende hacer la entidad licitante del respaldo de repuestos, si bien es cierto es conveniente ponderar en este factor el plazo cotizado de respaldo de los repuestos y también el porcentaje mayor cotizado de repuestos en existencia, ya que ello permite a la Administración tener una idea del respaldo que la oferente presenta en lo que a repuestos se refiere, de ahí que este segundo aspecto no es ilógico como alega la recurrente, pues aunque es cierto que puede ocurrir que cuando en el futuro se requiera un repuesto, no se consiga; también lo es que sí es importante tomar en consideración las existencias de repuestos que mantiene la oferente.  No obstante, lleva razón la objetante  en cuanto a la obligación de realizar una declaración de que se compromete a mantener en existencia el 100% de los repuestos por 10 años, pues es de todos conocido que todos los repuestos de los vehículos no están disponibles en todo momento, y que ello muchas veces no depende ni siquiera del distribuidor sino de la fábrica.  Por ello no debe la Administración llamarse a engaño al solicitar algo que es total y absolutamente imposible, porque con ello se desconoce la realidad del funcionamiento del mercado de los vehículos y permite que se desnaturalice el sistema de evaluación, puesto que ningún sentido tendría que un oferente por el único afán de obtener el mayor puntaje declarara cumplir con lo solicitado, si a la hora de la verdad, al requerir el repuesto en el futuro, pueda perfectamente suceder que no se encuentre en existencia y que haya que mandarlo a traer al exterior. Por tanto se acoge parcialmente la objeción en cuanto a este aspecto debiendo la Administración valorar únicamente la existencia de repuestos declarada por la oferente al momento de la oferta, pero no solicitar y menos ponderar algo que es a todas luces imposible. Esto implica que se modifique el factor y, por ende, su metodología de evaluación.  e) No puede asimilarse la garantía de funcionamiento a una simple revisión técnica gratuita, tal como pretende el objetante toda vez que, de conformidad con lo estipulado en el cartel, esta garantía que se pretende evaluar no es una simple revisión gratuita del vehículo sino que el oferente se obliga a que “esa garantía cubre cualquier gasto por suministros y/o repuestos incluyendo la mano de obra, de tal manera que durante el plazo de la garantía la Institución no tenga que realizar ningún gasto”.  Así las cosas, es improcedente la objeción interpuesta, ya que serán las empresas las que ofrezcan el período o kilometraje de garantía de cumplimiento que concederán y lógicamente el mismo debe ser valorado, por cuanto la Administración ha determinado, discrecionalmente, que ese es un factor trascendente a valorar, para seleccionar la oferta más conveniente.  f) El plazo de entrega es un aspecto que reviste trascendencia en la medida en que la Administración tenga urgencia en recibir los bienes que se licitan, pero si no existe tal urgencia –como pareciera ser el caso del Registro Nacional con los vehículos de esta licitación- no constituye un aspecto esencial de la evaluación, tal como pretende la objetante, e incluso pudo hasta haberse dejado sin puntaje para efectos de calificación ya que según se desprende de lo que manifiesta la Administración licitante lo que más interesa es la calidad de los vehículos sin importar tener que esperar más o menos tiempo para recibirlos. En consecuencia por ser este un aspecto que queda a criterio exclusivo de la Administración procede declarar sin lugar el recurso de objeción en este punto. R-DAGJ-32-99 de las 15:30 horas del 19 de octubre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Respeto a reglas de ciencia y técnica.

Debe respetar las reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.  Al igual que en el punto anterior, el cartel reservó a este aspecto un  amplio margen de discrecionalidad a la Administración, que únicamente podría haber sido rebatido con un dictamen técnico autorizado que oportunamente debió aportar el recurrente.  Por manera que, siendo que este Organo Contralor no puede ni estima necesario producir esa prueba técnica, su papel se contrae a verificar que en el ejercicio de esa discrecionalidad, la Administración Licitante no haya quebrantado las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LGAP. De manera que la actuación de la Administración Licitante no podría ser tildada de arbitraria, pues no hubo en esta calificación un ejercicio discrecional abusivo en cuanto a los parámetros de calificación que se han analizado. R-DAGJ-162-99 de las 15:00 horas del 16 de diciembre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Factor experiencia. Construcción de obras.

En primer lugar es importante anotar que también este Despacho ha manifestado, en forma reiterada, que la escogencia de los parámetros de calificación que se establezcan para la calificación y evaluación de las ofertas en un determinado concurso, es una competencia discrecional y exclusiva de la Administración interesada, aunque por supuesto esa escogencia se encuentra influenciada y determinada tácticamente por la naturaleza y condiciones especiales del objeto contractual de que se trate. En segundo lugar, cuando se considera importante calificar la experiencia de la empresa que eventualmente  participe en un concurso, en función de escoger la oferta más conveniente para el interés institucional y que garantice el mejor desempeño del objeto contractual licitado, ese parámetro de experiencia a calificar debe estar proporcionado al tipo de proyecto u obra que se licita, o al tipo de servicio que se pretenda contratar. Es decir, no se va a requerir una experiencia en demasía, para una obra o servicio cuyo desempeño no lo requiere.  En este sentido, ante el alegato que expone la objetante en cuanto a que la experiencia que se está calificando en el pliego de condiciones no va acorde con la complejidad o dificultad de los proyectos que se están licitando pues se trata simplemente de demarcación de pasos peatonales y de letreros de escuela, tendríamos que decir que si esa fuera estrictamente la realidad de estos proyectos licitados, efectivamente la objetante estaría en lo cierto al considerar que no existe una relación entre los proyectos y la experiencia requerida.  Sin embargo, ante la manifestación expresa y categórica de la entidad licitante en el sentido de que en el caso de la Licitación por Registro Nº 11-99, los trabajos no involucran únicamente la demarcación de pasos peatonales, sino también de líneas de centro y tomando en cuenta, según lo establecido en el cartel, que los rubros mayores corresponden a 25.250 km de línea y 5.073 m2 de área pintada, consultado este punto con funcionarios de  la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General, procede concluir que los trabajos licitados no son obras tan simples como las presenta la objetante, y que la experiencia, como factor de calificación a considerar, según los términos que establece el cartel, sí va acorde o si está relacionada con la complejidad de las obras. Ahora bien, tomando en consideración que la entidad licitante, por iniciativa propia, accede modificar este parámetro en ambos carteles objetados, de manera que en el caso de la Licitación por Registro Nº 11-99 se obtenga puntaje con obras menores a 5km y en la Licitación por Registro Nº 12-99 se obtenga puntaje con proyectos con longitudes menores de 5km o 1.000 m2, considera este Despacho que resulta aún más proporcionada, de esa manera, la evaluación del parámetro experiencia en relación con la complejidad de los objetos contractuales de estos dos concursos.   En consecuencia, consideramos procedente acoger parcialmente el recurso de objeción [...]. R-DAGJ 125-99 de las 8:00 horas del 26 de noviembre de 1999.

 

Sistema de evaluación.  No se cuestionó mediante el recurso de objeción.

Obsérvese que el sistema de calificación, conocido por los interesados desde un inicio, fue aceptado en forma pacífica, si tenemos en cuenta que no se cuestionó por la vía recursiva prevista al efecto, sea a través del recurso de objeción al cartel. Sobre este aspecto, hemos indicado que “... las disposiciones cartelarias se consolidan plenamente, si las partes las aceptan, puesto que no podríamos pensar en un cartel que pueda ser cuestionado a lo largo de todo el procedimiento y menos aceptar, que las partes puedan “negociar” su legalidad, dependiendo de los resultados a los que se llegue en el concurso” (Resolución R-DGAJ-69-99, pág. 298). De manera que la actuación de la Administración Licitante no podría ser tildada de arbitraria o antojadiza, pues no hubo en esta calificación el ejercicio discrecional en cuanto a los parámetros de calificación que se han analizado y, por el contrario, su examen fue realizado con ajuste a las reglas cartelarias. R-DAGJ-156-99 de las 14:40  horas del 13 de diciembre de 1999.

 

Sistema de evaluación.  Precio.  Único factor.

Con base en lo expuesto, cabe mencionar que si la Administración dispone de un cartel que le permite comparar productos de similar calidad, de acuerdo con las características de cumplimiento obligatorio, puede válidamente centrar su sistema de evaluación en el precio. Si la licitación es por naturaleza un concurso de precios, para adquirir los bienes y servicios que requieren las Instituciones, de la mejor calidad al menor precio, se puede diseñar un cartel, en el que considere la evaluación de aspectos cualitativos y el precio, con un porcentaje que debe ser trascendente, preponderante, que será el que decida el negocio.  Pero esa regla admite excepciones plenamente justificadas,  como resulta ser el caso en que las características del objeto por sí mismas, aseguren la calidad del producto, por lo que lo único necesario, en aras de asegurar el interés público, sea valorar el precio. En estos casos, no es que se incumple con las normas legales que exigen la introducción del sistema de valoración en el cartel, como alega la objetante, sino que el sistema de valoración de ofertas está restringido a la ponderación del factor precio, que la Administración ha estimado suficiente para determinar la conveniencia de la oferta seleccionada.  Basta decir que el precio es de por sí trascendente y su sola consideración no viola la completez del sistema de valoración si, por ejemplo, la Administración introduce ciertas características de los productos, como elementos de cumplimiento obligatorio, como se menciona en la resolución Nº55-96 citada. El sistema de valoración centrado en el precio puede ser relevante para cierto tipo de productos donde la Administración tenga asegurado un mercado restringido (de probada calidad de productos) o bien, tenga ya muy bien definidas las características técnicas de los productos (que por sí mismas le aseguren un producto de calidad). En el caso bajo examen, corresponde al oferente escoger como elabora –desde el punto de vista químico- el producto que le ofrecerá a la Administración, y es él quien tiene que saber cuánto se afecta el precio de su oferta si agrega más de lo mínimo pedido. Esto lo decimos porque para el interés de la Institución, según vemos reflejado en su norma técnica, lo mismo es  un producto que tenga más de lo mínimo que ella pide, porque reuniendo las condiciones mínimas el producto le resulta funcional. Así las cosas, consideramos que el método de selección propuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social en este caso,  se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General de  Contratación Administrativa, por lo que se impone el rechazo del recurso de objeción interpuesto.  R-DAGJ-072-99 de las 15:00 horas del  4 de noviembre de 1999.

 

Sistema de evaluación.  Referencias.

En el presente caso es importante tener en cuenta que en el cartel se especificaron las referencias mínimas que serían consideradas por la Administración, referencias que no fueron aportadas conforme lo solicitaba el pliego de condiciones. Así las cosas la Administración actuó correctamente, por cuanto la deficiencia en la información remitida por el apelante,  hace que las referencias por las cuales echa de menos  el puntaje que no le fue asignado, no deban ser consideradas.  A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el recurrente no ha probado su mejor derecho que le asiste con respecto a los adjudicatarios del negocio como lo correspondería hacerlo. Sobre el particular, ha expresado este Despacho:  En ese orden de ideas, este Despacho estima que no basta con alegar el perjuicio sino que debe probarse en qué consiste y cómo le afecta en el caso particular, tal y como lo ordena el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de las valoraciones técnicas o apreciaciones científicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir de forma razonada esos antecedentes, de ser posible mediante la presentación de dictámenes y estudios, emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que se trate. “ (ver entre otras nuestra Resolución  Nº 323-99 de las quince horas del 3 de agosto de  mil novecientos noventa y nueve). Así las cosas, luego de analizar detenidamente lo actuado por la Entidad licitante durante el proceso de evaluación de las ofertas, de frente a las alegaciones formuladas por el recurrente,  hemos arribado a la conclusión que el recurrente no ostenta interés actual para pretender una readjudicación en su favor, toda vez que no ha demostrado, ni este Despacho advierte que al ajustarse su calificación, su oferta alcanzaría el puntaje  mínimo  requerido. R-DAGJ-131-99  de las 10:00 horas del 1 de diciembre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Años de distribución de la marca ofertada y Cartas de recomendación.

En cuanto a la objeción alegada por la firma recurrente referente a la cantidad de años distribuyendo la marca ofertada y a las cartas de recomendación que se exigen como requisito indispensable, este Organo Contralor ha vertido tesis sobre el particular, señalando que: “Para este Despacho las razones del instituto licitador no son de recibo. Lo anterior, por cuanto nos parece que lo que se pretende en definitiva valorar, resulta desproporcionado al repercutir en ventaja para algunas marcas de vehículos en particular según su tipo y serie, sin ninguna razón técnica valedera. Este Despacho no concibe que dicha calificación pueda ser tenida como un parámetro de calificación idóneo, por cuanto podría presentarse el caso de que se vea beneficiada una determinada marca de vehículos que si bien cumple con el requisito de marras (haciéndose acreedor por lo tanto al 15%), su “trayectoria” e “historial de experiencia y uso” no han sido satisfactorios. De ser tal el caso, se estaría premiando marcas que no han cumplido en el pasado con las expectativas de la Administración, de frente a otras marcas de reciente comercialización en nuestro país, las cuales obviamente obtendrán una calificación muy baja en este rubro; o bien, del todo no puntuarán. Ahora bien, la Administración licitante señala por otro lado, que de no realizarse esa evaluación, podrían adjudicarse vehículos sobre los cuales no se ha probado su desempeño. No obstante, para esos efectos, el cartel prevé otros parámetros de evaluación más razonables. Luego, este Despacho comparte el criterio exteriorizado por la firma objetante, en cuanto a que es más importante para efectos de garantizarse una mejor adjudicación, valorar la solides de las empresas activas en el mercado automotriz nacional. Por todo lo anterior, se acepta la objeción debiéndose en su defecto, modificar el cartel en ese tanto” (Resolución Nº 291-99, de las quince horas del doce de julio de mil novecientos noventa y nueve).Al encontrarnos ante un caso que presenta la misma controversia, donde tampoco se han demostrado los motivos técnicos para la permanencia de dicho requisito, y al no existir razones valederas que nos permitan variar de criterio, este Despacho acepta la objeción planteada, debiéndose en su defecto a proceder con las modificaciones pertinentes, de tal forma que no sea causa de calificación, para el presente concurso, contar con un número de años comercializando la marca oferta, ni tampoco la presentación de cartas que así lo acrediten. R-DAGJ-27-99 de las 9:30 horas del 15 de octubre de 1999.

 

Sistema de evaluación. Cumplimiento obligatorio no debe puntuarse

Es improcedente que se confiera puntaje por el cumplimiento de especificaciones técnicas:   Como ha establecido esta Contraloría General, el sistema de evaluación debe ser útil para seleccionar la oferta más conveniente, tanto en términos de precio (factor preponderante), como de calidad.  Por ende, resulta improcedente que la Municipalidad conceda puntaje (un 10%) por el “cumplimiento de especificaciones técnicas según el desglose”, por cuanto ello equivale a no tener claro, siquiera, cuáles de esas especificaciones son condiciones de admisibilidad de las ofertas, es decir, quien no cumpla con los requisitos técnicos no es oferente potencialmente elegible dentro del concurso de marras. Así las cosas, ofrecer puntaje por el cumplimiento de condiciones de admisibilidad es un contrasentido y no agrega ningún factor trascendente al sistema de evaluación (véase a mayor abundamiento nuestro oficio Nº1390 (DGCA-154-99) de 11 de febrero de 1999, donde abordamos el tema de los sistemas de evaluación.  RSL 349-99 de las 9:00 horas del 18 de agosto de 1999.

 

Sistema evaluación. Evaluación de  dos fases.

En todo caso, esta Contraloría General ha establecido su criterio en cuanto a este tipo de evaluaciones, mediante oficio Nº1390, DGCA-154-99 del 11 de febrero de 1999, en donde se señaló, entre otras cosas, lo siguiente:  Evaluación de dos fases: Este sistema podría ser utilizado para la evaluación de objetos contractuales (obras, equipos, etc) que comprometan grandes inversiones públicas o la evaluación de múltiples aspectos técnicos cualitativos, de manera que la Administración puede reservar la primera etapa a la evaluación de aspectos de carácter estrictamente técnico (en aspectos cualitativos o cuantitativos), imponiendo el cumplimiento de un mínimo, sea por apartados específicos de la calificación y luego en relación con el total evaluado, o bien, disponer una nota final mínima de esa etapa, para considerar elegible al oferente. Luego de cumplida ésta última, la Administración pasaría a la evaluación económica de aquellas ofertas que hayan superado la calificación técnica. La cotización podría efectuarse sea en la misma oferta técnica, o bien, requerirse en un sobre cerrado separado, para salvaguardar la objetividad en el período de calificación de la primera fase, en cuyo caso, se debe prever un segundo acto formal para la apertura de esos sobres. Por último, para que el factor económico o de precio sea determinante, la adjudicación del concurso debería recaer en favor de quien cotice el precio menor (ver nuestras resoluciones R.S.L. Nº 230-98 de las 8:30 horas del 11 de agosto de 1998 y R.S.L. Nº 272-98 de las 15:30 horas del 10 de setiembre de 1998, por cuanto VII).  RSL 291-99 de las 15:00 horas del 12 de julio de 1999.

Sistema de evaluación. Cláusulas invariables no deben ser evaluadas.

Ahora bien, el hecho de que la Administración establezca un sistema de evaluación y calificación de las ofertas, lo que busca precisamente es lograr que el producto que cumpla con la mayoría de los requerimientos del cartel, sea el que resulte con la mejor calificación posible. En ese sentido, el prever el mecanismo de la puntuación en alguna determinada característica de las ofertas, implica que no se considera un requisito de cumplimiento obligatorio o “cláusula invariable” (al que no se le asigna puntuación alguna al ser indispensable su cumplimiento por parte de todos los participantes), de forma tal que será de la comparación entre ofertas de donde resulte el mejor producto para el interés de la Administración. Así, si un determinado producto no cumple con una característica mínima exigida, no alcanzará puntuación alguna en ese detalle, lo cual, si bien afectará su puntuación final, evidentemente no determina que quede descalificado, al no ser una “cláusula invariable” como tal. R-DAGJ 170-99 de las 10:00 horas del 20 de diciembre de 1999.

 

Sistema de Evaluación. No es respetado en la adjudicación

En el cartel de la Licitación se estableció, como lo exige la ley, el sistema para la calificación de las ofertas que se presentaran a este concurso, para establecer el orden de excelencia de ellas y así declarar ganador o ganadores del concurso a los oferentes mejor calificados en cada línea o renglón licitado. Sin embargó, sin que se expongan razones de peso que puedan ser de recibo, la misma Administración que definió en el cartel las reglas que regirían el concurso, se aparta de ellas y  exponiendo razones que no son de recibo, decide adjudicar la línea uno en favor de una oferta que no es la mejor calificada, según consta en el estudio de ofertas que se le solicitó realizar el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (ver hechos probados 7 y 8).  De esta manera, se impone declarar con lugar el recurso de apelación que nos ocupa y, consecuentemente, debemos anular en cuanto a la línea uno se refiere, el acto de adjudicación dictado. RSL 385-99 de las 15:30 horas del 3 de setiembre de 1999. 

 

Sistema de Evaluación. Acto de adjudicación que no lo respeta.

En el cartel de la Licitación se estableció, como lo exige la ley, el sistema para la calificación de las ofertas que se presentaran a este concurso, para establecer el orden de excelencia de ellas y así declarar ganador o ganadores del concurso a los oferentes mejor calificados en cada línea o renglón licitado. Sin embargó, sin que se expongan razones de peso que puedan ser de recibo, la misma Administración que definió en el cartel las reglas que regirían el concurso, se aparta de ellas y  exponiendo razones que no son de recibo, decide adjudicar la línea uno en favor de una oferta que no es la mejor calificada, según consta en el estudio de ofertas que se le solicitó realizar el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. De esta manera, se impone declarar con lugar el recurso de apelación que nos ocupa y, consecuentemente, debemos anular en cuanto a la línea uno se refiere, el acto de adjudicación dictado. RSL 385-99 de las 15:30 horas del 3 de setiembre de 1999.

 

Sistema de Evaluación. Debe indicarse documentación necesaria.

[...] cuando la Administración redacta un cartel, especialmente el sistema de calificación de ofertas y determina los aspectos a evaluar, debe también indicar la documentación o información que requiere para la ponderación. En este caso, el cartel contiene dos apartes relativos a la “base instalada” que se complementan, aún cuando no forman parte de la misma cláusula, condición esta última que se presenta como la idónea. R-DAGJ 141-99 de las 15:00 horas del  6 de diciembre de 1999.